Autores: ANTONIO CAMPILLO, CARIDAD DE SANTIAGO, FELIPE IRACHETA, FRANCISCO JARAUTA, PATRICIO HERNÁNDEZ, JULIA MARTÍNEZ, ANDRÉS PEDREÑO, MANUEL TOVAR Y ALICIA POZA/MIEMBROS DEL FORO CIUDADANO
La ciudad de Marbella ha estado sometida durante quince años a un régimen de corrupción organizada en el que han participado los sucesivos alcaldes y numerosos concejales, funcionarios, abogados, jueces, empresarios, periodistas, etc. El cerebro de toda esta trama era un individuo de origen murciano que carecía de escrúpulos para hacer dinero y de gusto para gastarlo, y que mantenía en nuestra Región su principal refugio y algunas de sus muchas operaciones inmobiliarias.
Lo más grave es que los ediles de Marbella, a pesar de todas las denuncias que pesaban sobre ellos, tanto de particulares como de la Junta de Andalucía, fueron refrendados en cuatro elecciones sucesivas, y que los gobiernos autonómico y estatal no han intervenido de manera resolutiva hasta que, tras la caída de Aznar y el reforzamiento de la lucha contra la corrupción organizada, ha podido llevarse a cabo la Operación Malaya, precedida en 2005 por la Operación Ballena Blanca. El caso de Marbella ha desvelado el déficit de la democracia española, especialmente acusado en el ámbito municipal: no sólo han fallado los controles del Estado de Derecho, sino también el civismo democrático de los marbellíes, que una y otra vez han convalidado con su voto un régimen corrupto y mafioso.
Marbella es un caso extremo, pero no es un caso aislado, sino más bien una señal de alarma, la punta delatora de un iceberg inmenso. Lo ocurrido en esa ciudad ha puesto al descubierto hasta dónde puede llegar el proceso de marbellización que está teniendo lugar en otros muchos municipios de España, sean del signo político que sean. El problema es especialmente grave en las autonomías gobernadas por el PP, dada su deliberada política de mercantilización del suelo y privatización de las plusvalías: Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.
En todas estas comunidades se repite la misma pauta: un crecimiento brutal e insostenible del suelo urbanizado y de la actividad constructora, tanto en vivienda como en obra pública. Este tipo de crecimiento contraviene los «principios de política social y económica» que la Constitución exige a los poderes públicos: la protección del medio ambiente (art. 45), la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46), y el derecho de todos a una vivienda digna, mediante una ordenación pública del suelo que evite la especulación y haga revertir sobre la comunidad las plusvalías generadas por la actividad urbanística (art. 47).
Muchos municipios y algunas comunidades están haciendo exactamente lo contrario de lo que dice la Constitución: un urbanismo salvaje que fomenta la especulación, privatiza las plusvalías, dispara los precios de la vivienda hasta hacerla inaccesible a los más necesitados (jóvenes, mujeres e inmigrantes), atenta contra el patrimonio histórico, saquea los espacios y recursos naturales, altera irreversiblemente el paisaje y degrada la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades, hasta el punto de destruir su identidad y su tradicional atractivo turístico y cultural como legado viviente de la milenaria civilización mediterránea.
¿Cómo es posible que se esté llevando a cabo semejante expolio, a una escala sin precedentes en la historia de nuestra democracia? La razón es muy sencilla: en los últimos diez años, y sobre todo tras la Ley del Suelo promovida por el gobierno Aznar en 1998 (de la que derivan leyes como la madrileña, la valenciana y la murciana), se ha establecido una alianza estratégica entre tres agentes sociales que son los nuevos terratenientes de España, pues se han adueñado de una gran parte del territorio, de muchos gobiernos municipales y de algunos autonómicos.
Por un lado, están los capitales especulativos que llegan al sector de la construcción procedentes de otros sectores económicos, de la evasión fiscal y de las redes internacionales de delincuencia organizada que trafican con armas, drogas y personas. Por otro lado, están las entidades financieras, incluidas las cajas de ahorro (destinadas por ley a fines sociales), que tienen sucursales en paraísos fiscales, blanquean el dinero negro mediante créditos a los promotores y participan en el negocio inmobiliario a través de las hipotecas. Y, por último, están los políticos corruptos, cuya función consiste en desactivar todos los controles legales y administrativos de las instituciones que gobiernan, presionar a los técnicos y órganos asesores de la administración para que avalen sus decisiones, comprar con dinero público a toda clase de personas, organizaciones y medios de comunicación, y, por último, engañar a la ciudadanía con mentiras tales como que el urbanismo salvaje es la única opción posible y va a redundar en beneficio de todos. A cambio, estos políticos obtienen un pago en metálico o en obra construida para sí mismos, para su partido y para algunas vistosas actuaciones públicas que les garanticen la reelección.
No es de extrañar que haya surgido un nuevo movimiento ciudadano dispuesto a denunciar la gravedad del problema ante las instituciones españolas y europeas. El 1 de abril se constituyó en Murcia la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT), una federación estatal que agrupa a cientos de asociaciones y plataformas de toda España (entre ellas, la Coordinadora La Región de Murcia no se vende, que ha convocado una manifestación para el 3 de junio). El urbanismo salvaje se ha convertido en el problema social más grave de España, como han señalado también el sociólogo Enrique Gil Calvo (El mal de Marbella, El País, 24-4-06) y los más de cien profesionales que han suscrito el Manifiesto por una nueva cultura del territorio. Por eso, la CCDT reclama toda una serie de medidas urgentes para hacerle frente (www.nosevende.org).
En la Región de Murcia, los nuevos terratenientes del ladrillo y el hormigón no sólo están provocando el expolio de nuestro patrimonio natural e histórico, sino que están sometiendo a las instituciones democráticas a una estrategia de corrupción organizada que carece de precedentes en la historia de nuestra democracia. Los once años del gobierno Valcárcel han estado dedicados a poner todos los recursos de la administración pública al servicio de los intereses especulativos del sector inmobiliario, que a su vez se ha convertido en el principal sustento del PP.
Basta recordar la Ley Regional del Suelo, las Directrices del Litoral, el expolio de los recursos hídricos disfrazado de nacionalismo hidráulico mediante la incesante reclamación de nuevos trasvases, los numerosos proyectos urbanísticos que afectan a espacios protegidos o de dominio público, el brutal encarecimiento de la vivienda, una precariedad laboral que rebasa el 40%, una tasa de abandono escolar que supera el 30% y es la más alta de España, una inversión en políticas sociales que está por debajo de la media española, un control político de los medios de comunicación que ha llegado al colmo con la concesión de las TDT, un acoso constante a los funcionarios que no se pliegan a la corrupción organizada, un uso discrecional de los fondos públicos para someter a la ciudadanía a un régimen de poder clientelar, y, por último, una connivencia de intereses cada vez más estrecha entre ciertos grupos inmobiliarios y ciertos miembros de la cúpula regional del PP.
En esta Región se está llegando a unos niveles de corrupción que no difieren de los del GIL marbellí. Aquí, los corruptos no dimiten ni son cesados, sino que acosan a los funcionarios honestos, insultan a los medios independientes, descalifican a los partidos de oposición, ignoran a las asociaciones ciudadanas que denuncian sus tropelías y engañan a la opinión pública con la quimera del oro inmobiliario.
Si Murcia no quiere seguir la deriva de Marbella, debe emprender cuanto antes una profunda regeneración democrática de sus instituciones, sus cargos públicos y sus valores cívicos. El ciclo político de Valcárcel debe llegar a su fin. Ha comenzado la cuenta atrás: en el plazo de un año, habrá elecciones autonómicas y municipales. Esperemos que los murcianos no cometan el mismo error que cometieron los marbellíes al avalar con su voto la corrupción organizada. Si el PP obtuviera de nuevo mayoría absoluta, la marbellización de la Región se habría consumado.
Desde el Foro Ciudadano, hacemos un llamamiento a todas las instituciones y organizaciones sociales de la Región, comenzando por el PSRM-PSOE (cuya ejecutiva ha dado pasos en la dirección adecuada, pero aún no ha conseguido controlar y regenerar a sus propios ayuntamientos) y siguiendo por IURM, los sindicatos, las organizaciones agrarias, las asociaciones ciudadanas, los colegios profesionales, el empresariado honesto e innovador, los tribunales, las universidades, los medios de comunicación, etc., para que asuman su responsabilidad cívica y promuevan de forma activa la regeneración democrática que la Región de Murcia necesita.
