La Pandemia Inmobiliaria

LA PANDEMIA INMOBILIARIA
Antonio Campillo, Pedro García y Julia Martínez


Ante el caso de flagrante corrupción política que ha
tenido lugar en el Ayuntamiento de Águilas,
debido a la recalificación urbanística de un
espacio protegido por la Unión Europea en la
Sierra de la Almenara, y en el que se han visto
implicados la empresa inmobiliaria Hispania, el
alcalde y los concejales del PP, los del MIRA 
y cuatro del PSOE, así como el Director General
de Calidad Ambiental y el Consejero de Medio
Ambiente, los autores de este artículo, 
en nombre propio y en representación de nuestras
 respectivas organizaciones, creemos que la
Región de Murcia necesita adoptar
de forma urgente una serie de
medidas de regeneración democrática
de las administraciones públicas,
y en especial de las relacionadas
con el urbanismo y el medio ambiente.

Para empezar, exigimos la dimisión
 inmediata de los tres responsables
políticos implicados directamente
en los hechos: el Alcalde de Águilas,
el Director General de Calidad Ambiental
 y el Consejero de Medio Ambiente.

Además, reclamamos la apertura de una
 investigación de oficio por parte
del Fiscal jefe, dada la gravedad
de las posibles figuras delictivas y
los cargos públicos ejercidos por
las personas implicadas.

Consideramos que el caso de
la Sierra de Almenara no es un caso
aislado, ni en el municipio de Águilas
ni en el resto de municipios
de la Región, sino un ejemplo
más de lo que ya se ha convertido en
una norma de la política urbanística
y medioambiental practicada
en nuestra Comunidad Autónoma,tanto
por la administración regional
como por las corporaciones locales
de uno y otro signo político.
En la Región de Murcia estamos
sufriendo una verdadera pandemia
inmobiliaria, cuyos efectos devastadores
sobre nuestro patrimonio natural y sobre
nuestras instituciones democráticas
es cada vez más alarmante.

Tal y como han señalado el Defensor del Pueblo,
la Fiscalía Anticorrupción y numerosos expertos
en la materia, como el Instituto Andaluz
Interuniversitario de Criminología y la
prestigiosa organización Transparency International
(véase el reciente libro de su fundador, Peter Eigen:
Las redes de la corrupción),el recurso sistemático a
las recalificaciones masivas y a los convenios
urbanísticos, que se ha convertido en moneda corriente
en todo el levante español, es la puerta de entrada a
todo tipo de irregularidades administrativas, atropellos
medioambientales, delitos penales,
corruptelas políticas, blanqueo de
dinero e infiltración creciente
de las mafias internacionales.

Una prueba más de la connivencia a la que
se ha llegado entre el
gobierno regional y el lobby del
ladrillo es la escandalosa
adjudicación de la gestión de la
 futura televisión pública murciana
a un consorcio de promotores
inmobiliarios sin experiencia
alguna en el sector de la comunicación,
 y con un coste para la hacienda pública
mucho mayor que el ofrecido por otros
concursantes con reconocida experiencia en el mundo
audiovisual.

Numerosas asociaciones ciudadanas de la Región ­ANSE,
Ecologistas en Acción, Coordinadora La Región de Murcia No Se Vende,
Foro Ciudadano, etc.- venimos denunciando
una y otra vez la disparatada carrera
de recalificaciones y convenios urbanísticos que está teniendo
lugar en los últimos años, sin que hasta ahora se le haya
puesto freno por parte de las autoridades
regionales y municipales.

Por todo ello, proponemos a los tres
partidos con representación en el
Parlamento regional, PP, PSRM-PSOE e
IURM, que se acuerde de forma
consensuada una moratoria en todos
los planes urbanísticos de la Región
y que se inicie una revisión en profundidad
 de la vigente Ley del Suelo
regional y de todos los planes urbanísticos municipales.

Asimismo, exigimos que se cree en los 45 municipios de la Región una
comisión de seguimiento y control de todas las actuaciones
urbanísticas, con una amplia y plural participación ciudadana,
para garantizar que dichas actuaciones se llevan a cabo con
transparencia,conforme a ley y en beneficio de los intereses
generales de todos los ciudadanos.

Finalmente, reclamamos al presidente Valcárcel que cree
una verdadera Consejería de Medio Ambiente,
no vinculada ni subordinada
a ninguna otra, y que ponga al frente de la misma a una
persona competente, honesta e independiente, capaz de
defender realmente nuestro patrimonio natural,
histórico y cultural, frente a la voracidad
depredadora de muchas promotoras inmobiliarias
y a su probada habilidad para comprar voluntades y
corromper a funcionarios y responsables políticos.

En caso de que Valcárcel no cese de forma inmediata al consejero
Marqués y promueva iniciativas
de regeneración democrática como las que aquí
proponemos, para poner freno a
la pandemia inmobiliaria y al poder
creciente del lobby del ladrillo,
se pondrá en evidencia a sí mismo
y demostrará ante la opinión
pública murciana que también él
forma parte del grave problema
de corrupción institucional
al que nos enfrentamos. Si así fuera, las organizaciones
abajo firmantes comenzaremos a exigir su dimisión como
presidente de esta Región.

Antonio Campillo es presidente del Foro Ciudadano,
Pedro García es presidente de ANSE
y Julia Martínez es presidenta de Ecologistas en
Acción.