La Eurocámara pedirá la semana que viene una moratoria en las recalificaciones de suelo en la Comunidad Valenciana

Vía Europa Press

El Parlamento Europeo pedirá la semana que viene una moratoria en las recalificaciones de suelo en la Comunidad Valenciana hasta que entre en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) con el objetivo de impedir que los promotores puedan acelerar planes urbanísticos para evitar una legislación más estricta.

Esta solicitud se encuentra en el informe de la comisión de Peticiones sobre la aplicación de la Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que se debatirá en el pleno de la Eurocámara el lunes 12 de diciembre y se votará el martes 13. Se espera que el pleno respalde el texto ya que en la comisión de Peticiones votaron a favor todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, a pesar de las duras críticas que contiene a la gestión de la Generalitat valenciana.

Sólo el eurodiputado de Convergència i Unió (CiU), Ignasi Guardans, ha censurado el contenido del informe, calificando de "vergonzosas" y "coloniales" las críticas de la Eurocámara a la legislación urbanística valenciana, ya que dan a entender que en la Comunidad Valenciana y en España no existen los tribunales y no funciona el Estado de derecho.

El informe "insiste urgentemente en la necesidad de que se suspenda la tramitación y la aprobación de programas de actuación integrada (PAI) que incorporan suelos no urbanizables al proceso urbanizador tanto de nueva formulación como los que se encuentran en tramitación actualmente en tanto no entre en vigor la legislación revisada". Asimismo, constata que "se está produciendo cierta precipitación para comprometer nuevos proyectos antes de la promulgación de la nueva ley que, sin duda, parecerá más restrictiva".

Los eurodiputados constatan que "durante los últimos tres años se han incrementado de manera muy notable las denuncias por abusos urbanísticos" y alientan a la Comunidad Valenciana a que resuelva la cuestión "con mayor diligencia que hasta ahora". También señalan que la "falta de transparencia" y de criterios claros en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a los agentes urbanizadores no son conformes con el derecho comunitario.

"El número de casos en que se ha constatado la existencia de corrupción o se afirma actualmente pone de manifiesto las deficiencias de la ley y de su aplicación", señala el dictamen. La comisión de Peticiones pide además que se creen "oficinas de reclamaciones bajo la responsabilidad de los gobiernos regional y locales" para dar asistencia a los perjudicados por la LRAU.

Por lo que se refiere al anteproyecto de Ley Urbanística Valenciana que se está tramitando en las Cortes para sustituir a la LRAU, los parlamentarios piden que se incluya "una definición clara del interés público" para que no pueda utilizarse en la promoción de intereses privados. Asimismo, se aconseja "el establecimiento de criterios vinculantes para el cálculo de las indemnizaciones en casos de expropiación".

La Eurocámara expresa su preocupación por el hecho de que "algunos planes de urbanismo parecen tener un impacto desastroso sobre el medio ambiente y la ecología de numerosas zonas costeras y, más en concreto, sobre las futuras condiciones de abastecimiento de agua". En este sentido, recuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha opuesto por lo menos a 30 nuevas urbanizaciones en Valencia.

El dictamen fue elaborado por la eurodiputada liberal francesa Janelly Fourtou.